En medio del escándalo de presunta corrupción y desvío de recursos en Segalmex, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Diconsa entregar los contratos, comprobantes de pago, facturas y demás documentos relacionados con el procedimiento de compra en 2022 de 20 mil toneladas de leche en polvo.
El Comisionado, Adrián Alcalá Méndez, señaló que este caso se relaciona con el desvío de recursos públicos en Segalmex, Diconsa y Liconsa que, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asciende a más de 15 mil millones de pesos, esto es, el doble de los recursos públicos desviados en la Estafa Maestra.
“Las compras con sobreprecios en Diconsa constituyen, precisamente, una de las cuestiones analizadas en las auditorías e investigaciones realizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Secretaría de la Función Pública”, explicó.
Alcalá Méndez explicó que estas observaciones realizadas a Diconsa incluyen conceptos como falta de toma física de inventarios, salidas sin facturar de mercancía, inventarios faltantes, pagos no acreditados por servicios de subcontratación, adeudos sin recuperar de exfuncionarios, impuestos y productos caducos.
Ello —agregó— ha generado también la presentación de diversas denuncias por parte de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
Diconsa se declaró incompetente para conocer la información y sugirió dirigir la petición a Linconsa e incluso declaró la inexistencia de los documentos.
Sin embargo el particular se inconformó y recordó lo informado por el Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño, el 14 de diciembre de 2022, en una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
El INAI constató que, en dicha declaración, el servidor público reconoció de manera expresa, ante las y los legisladores, la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo a sobreprecios, por lo que consideró fundamental que Diconsa haga una búsqueda en la Dirección General.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo creado para favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más pobre, y sus filiares Diconsa y Liconsa suman irregularidades por 15,311 millones de pesos desde 2019, según la Auditoría Superior de la Federación.
Las tres instancias acumulan desorden en la administración de recursos, contratos sin evidencia de los servicios o bienes contratados, falta de aclaración sobre el destino de vehículos, pagos por almacenaje de fertilizante con firmas inconsistentes; pérdidas de maíz, mercancías caducas y falta que documentación que acredite la adquisición de granos, entre otras irregularidades.
Segalmex tiene un monto pendiente por aclarar desde 2019 de 9,821.1 mdp; Diconsa de 3,289 mdp y Liconsa de 2,200.9 mdp, es decir, más de 15,300 mdp. Este monto duplica el desfalco del sexenio de Enrique Peña Nieto en el caso de la “Estafa Maestra”, calculado en más de 7,000 millones de pesos.
Solo en 2021, Segalmex debe aclarar 884 millones 816,453 pesos; en tanto que Diconsa 1,462 mdp. En total, el monto de las posibles irregularidades y daño al erario de Segalmex y Diconsa asciende a 2,346 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En días pasados, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo de un juez federal de control órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.
De acuerdo con la autoridad, los señalados están vinculados con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
La FGR detalló que de las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y seis fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, explicó la FGR.
