El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, podría desarrollar un coágulo cerebral luego de una cirugía de alto riesgo, de acuerdo con un comunicado difundido por su defensa Arce López Abogados.
El ex funcionario fue intervenido de emergencia con una cirugía de Endarterectomía Carotídea de alto riesgo, procedimiento en el que le permitió un mayor flujo sanguíneo, pues tenía una artería carótida obstruida.
«Los estudios practicados al licenciado Murillo Karam revelaron otra carótida obstruida, por tanto, se espera que los médicos a cargo determinen el tratamiento a seguir y si es necesario una nueva cirugía, ya que el estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral», expresa el comunicado firmado por el abogado José Javier López García.
En el documento difundido esta mañana, se revela que el pasado 19 de octubre el también abogado fue trasladado de emergencia del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, al Hospital General de Xoco para atender su estado de salud.
Luego de que su estado de salud se complicara en el nosocomio, Murillo Karam fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología para su diagnóstico y posterior tratamiento, lo que derivó en la intervención quirúrgica antes mencionada.
Acusado de difundir la llamada «verdad histórica» del caso Ayotzinapa
Jesús Murillo Karam se desempeñó como procurador general de la República, durante la administración de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal (2012-2018).
En agosto de 2022 fue arrestado y trasladado al Reclusorio Norte, tras ser directamente acusado por la Fiscalía General de la República de “fraguar, urdir, crear, montar y disfrazar la llamada ‘verdad histórica’», que se difundió como explicación respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
“Con la verdad histórica, usted (Murillo Karam) de manera dolosa truncó, frustró y descartó otras líneas de investigación e impidió que los familiares de los estudiantes desaparecidos accedieran a la información y a la justicia”, acusó la fiscalía.
