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No fue una adquisición de dos, tres o cinco millones de pesos en equipos de cómputo que nunca se recibieron (lo cual desde luego hubiese sido un delito a castigar), pero con más razón debería procesarse al todos los involucrados demostrando, mediante juicio, su culpabilidad por omisión o comisión, del pago de 45 millones de pesos por un helicóptero que NUNCA recibió el Gobierno del Estado de Tabasco.
Han sido detenidos tres ex funcionarios del gobierno de Arturo Núñez Jiménez (2012-2018): el exdirector operativo del Instituto de Protección Civil de Tabasco, y la exdirectora administrativa de la institución, acusada de presuntos delitos de coalición y ejercicio indebido del servicio público; también fue presentado ante el juez el ex secretario técnico del comité de compras del citado organismo. Sin embargo, planear, dirigir y ejecutar la compra de una aeronave por esa cantidad debió contar con “autorización” de autoridades superiores a los detenidos.
Resulta en extremo difícil creer que no existió dolo en quienes participaron en esa operación. Si bien, el proveedor solicitó anticipo dadas las características del bien requerido, resulta una estulticia administrativo-financiera liquidar cualquier monto (en este caso 42 millones más), después del anticipo en tanto el bien o servicio no se encontrase en posesión del comprador. Además, ¿qué tipo de empresa se eligió para proveer la citada aeronave, se agotaron los procedimientos previos para fincar un pedido de tal naturaleza?, es decir, ¿se corroboró la experiencia y especialidad de la firma contratada, qué papel desempeñaron los funcionarios responsables de esa compra? Se supone que debió exhibirse una fianza de cumplimiento y demás garantías que, por la ley en materia de adquisiciones del sector público, deben exigirse. Resulta inaceptable que ahora la empresa a quien se le pagó no aparezca para asumir sus responsabilidades; esto no debe terminar con 3 detenidos y si hay otros culpables, no deben permanecer impunes.
