Los peores gobernantes son aquellos que basan su actuación en avivar el odio entre las personas por motivos que suelen ser tan variados como estultos. El Presidente se vale de todo para atizar el odio en contra de críticos y adversarios de la “Cuarta Transformación”. El blanco de sus ataques ha sido la prensa y periodistas, denosta a feministas y defensores de derechos humanos, criminaliza a las organizaciones de sociedad civil, como de pueblos y organizaciones indígenas que han hecho oposición crítica a sus proyectos.
Los ataques presidenciales van solapados de feroces agresiones de sus seguidores y lo preocupante es que hoy vivimos en un país polarizado y sin puentes de diálogo ni debate sano. El presidente utiliza —de manera continua— la tribuna presidencial para atacar, mofarse o calumniar a los que no son aplaudidores de su gobierno.
La 4T está haciendo historia en sepultar a organismos autónomos constitucionales. No solo al Instituto Nacional Electoral (INE) con el paquete de reformas electorales conocido como el “Plan B” y la imposición de Consejeros afines al Presidente, yendo en contra del principio de imparcialidad rumbo a las elecciones de 2024. Ahora va contra la información pública que ha sido su “Talón de Aquiles”, con los sobrecostos y asignaciones directas en la refinería Olmeca en Dos Bocas y el Tren Maya.
Parecería una mala broma, el Presidente decidió faltar a su promesa de campaña de la lucha contra la corrupción y llama la atención que López Obrador decida ignorar el aporte indirecto del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI antes IFAI), en su propio ascenso al poder.
López Obrador vetó la propuesta de los dos Comisionados del INAI, nombrados por el Senado de la República, provocando que el instituto no cuente con el quórum legal suficiente para ejercer las facultades que la Constitución y la ley le confieren. El INAI está incompleto, desde abril de 2022 venía operando solo con cinco de sus siete Comisionados y a partir del primero de abril de este año, solo cuenta con cuatro, cuando la ley establece cinco para hacer quórum legal, conforme al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, por lo que el Pleno, —que es el órgano superior de dirección del instituto—, no puede sesionar, impidiéndole desahogar los recursos interpuestos por la población ante los Sujetos Obligados para obtener información pública y la protección de datos personales.
López Obrador se enfurece con la rendición de cuentas. Prueba de ello, es que al vetar la selección que hizo el Senado de dos nuevos Comisionados del INAI, deja al organismo de transparencia al borde de la inoperancia. Como siempre, que algo no le gusta, que le molesta o que lo exhibe, la solución es quitarlo de en medio.
El Presidente no debería atacar al INAI, organismo autónomo constitucional necesario para la rendición de cuentas de los recursos públicos, en un país donde se prometió que ya no habría corrupción, derroche, amiguismo ni tráfico de influencias. El INAI ha sido el principal órgano de transparencia de México, su función es garantizar la obligación de las autoridades a difundir información, cuando se niegan a hacerlo. Gracias a la información exigida por el organismo de transparencia, se han conocido escandalosos casos de corrupción y malos manejos de los gobiernos tanto federal, como los estatales y municipales, como la “Casa Blanca” del expresidente priísta Enrique Peña Nieto o la “Estafa Maestra” donde se desviaron miles de millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, también durante el gobierno de Peña Nieto y el caso de desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) con la 4T.
El INAI ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la falta de nombramientos. Con este recurso pide a la SCJN que ordene al Senado terminar con el proceso de designación de los de dos nuevos Comisionados del INAI.
La posibilidad de objeción que hace el Ejecutivo federal es parte del procedimiento establecido, pero el presidente se reservó hasta el fin del plazo para objetar y lo que ocurre es que el INAI no puede sesionar si no hay mínimo cinco integrantes y mientras tanto, no hay quien vigile y garantice el derecho a saber y a estar informados.
La “Cuarta Transformación” no modificó el sistema de compras públicas. Al contrario, recordemos que las adjudicaciones directas, ha sido el método preferido para contrataciones durante el gobierno de López Obrador: 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa.
El Congreso, la Suprema Corte, los tribunales y los organismos autónomos deben supervisar y en caso necesario controlar el poder del Presidente. Eso es vivir en una auténtica división y equilibrio de Poderes.
