Nuevo León, Méx.- Para fortalecer las actividades de seguridad en los estados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, firmó convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2023 con diez entidades federativas del norte del país.
El objetivo de mejorar la estrategia conjunta en la materia y lograr la paz en beneficio de las y los ciudadanos.
Acompañada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales; la secretaria de seguridad recordó que este año, por decisión presidencial, el FASP aumentó 10 por ciento.
Rodríguez pidió a la gobernadora y los gobernadores orientar los recursos, así como los programas y acciones, a dos aspectos: prevención de la violencia hacia las zonas con mayor incidencia y a las poblaciones vulnerables en riesgo de involucrarse con la criminalidad.
Al acto realizado en Palacio de Gobierno de Nuevo León, asistieron los gobernadores de Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California Sur y Chihuahua.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, manifestó que no solo se trata de la distribución de recursos del FASP, los cuales han aumentado en un 10 por ciento –860 millones de pesos adicionales–, sino de revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los estados del país.
ratificó el compromiso de la actual administración de coadyuvar con las y los mandatarios estatales para garantizar la tarea de seguridad pública.
“Estamos hoy para ratificar la voluntad del gobierno federal y, desde luego, de los gobiernos estatales, de cada día ir ganándole la batalla a la delincuencia”, puntualizó.
La titular del SESNSP, Clara Luz Flores Carrales, aseveró que por primera vez con la reforma al artículo 5º transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional (GN), se otorgó un fondo de mil millones de pesos que brindará la posibilidad de destinar un beneficio económico adicional basado en el número de la población y variables que permitan un mejor desempeño y resultados en materia de seguridad.
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