Al afirmar que fue totalmente legal la clausura a la gravera de Construcciones y Agregados Soprogal, el subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático, Gary Arjona Rodríguez, destacó que esta empresa incurrió en diversas irregularidades como haber extendido el polígono autorizado para la extracción de piedra.
Asimismo, rechazó categóricamente que personal de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (SBSCC) haya incurrido en extorsión o chantaje como lo afirmó su propietario Alfredo Alvarez Priego para que no le fuera clausurado el banco de grava.
De entrada, el funcionario explicó que las acciones emprendidas derivaron de un programa de inspección y vigilancia que la dependencia lleva a cabo desde hace ya varios años para detectar a las empresas que operan fuera de la legalidad.
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“Nosotros garantizamos el puntual cumplimiento del marco jurídico ambiental en el estado”, enfatizó.
Destacó que la idea no es afectar a estos negocios, más bien se trata de que no transgredan el marco legal “y si están irregulares, que se regularicen”.
Se opone a cumplir con el marco jurídico
En el caso particular de esta empresa, refirió que ha demostrado un total desapego, incluso “rebeldía” para cumplir precisamente con las disposiciones legales para regularizarse.
Expuso que se inició el procedimiento administrativo debido a que, entre otras violaciones, mantiene subarrendada la autorización para la explotación de la gravera.
“Lo que ha hecho es rentársela a dos o tres empresas, y eso está prohibido”, indicó para luego agregar que lo que contempla la Ley de Protección Ambiental en este caso es solicitar ante la secretaría una transferencia de autorización, algo que evidentemente no hizo.
Extrae grava fuera del polígono autorizado
Otra falta grave es que están extrayendo grava de un polígono que no está autorizado, es decir que están extrayendo de otro espacio que no contempla el permiso que se le extendió en su momento.
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Arjona Rodríguez aclaró que ante ello procedió la clausura como una medida cautelar para detener los trabajos que estaban causando un impacto ambiental y no precisamente como una sanción.
Comentó que esto se viene realizando desde al año pasado y a la fecha la empresa no ha cumplido con un solo requisito para poder operar en forma regular.
“El procedimiento ya culminó y en todas las etapas procesales jamás cumplió con una sola de las medidas que le fueron impuestas”, anotó.
Invitó al empresario a presentar pruebas de la extorsión de la que dice haber sido víctima, al tiempo de considerar absurdo que se haya utilizado la fuerza pública para amedrentarlo y obligarlo a pagar un supuesto soborno.
De hecho, aseguró que las amenazas vinieron de parte de los trabajadores de la gravera quienes no permitieron el desarrollo de las diligencias en el lugar.
Hay una resolución firme que establece retirarle el permiso
Además de que han roto los sellos de clausura en diversas ocasiones para seguir trabajando, lo que significa que no solamente tienen problemas administrativos sino también de tipo penal por el quebrantamiento de sellos.
“Todo lo han hecho mal, son una empresa que en lugar de reconocer su error y aplicarse por la ruta de la regularización ha pretendido generar cortinas de humo, quejarse sin ofrecer una sola prueba y no dar cumplimiento a sus obligaciones como empresa que realiza una actividad que genera un impacto ambiental”, enfatizó.
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El funcionario estatal refirió que existe una resolución en firme que estipula el pago de una cuantiosa multa, así como la notificación del inicio de nulidad de la autorización para la explotación del banco de grava.
